El Congreso de Colombia ha aprobado finalmente la ambiciosa reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro, tras más de un año de debates, intentos fallidos y controversias. Esta nueva ley marca un hito en el panorama laboral del país, al introducir una serie de medidas destinadas a fortalecer los derechos de los trabajadores, reducir la informalidad y actualizar las normas laborales al contexto actual. La aprobación definitiva del proyecto en el Senado también llevó a Petro a retirar su polémico «decretazo», con el que había intentado impulsar una consulta popular para sortear los bloqueos legislativos.
Un largo camino hacia la aprobación
El cambio normativo, encabezado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue inicialmente introducido en 2023 y desde ese momento enfrentó un complicado proceso legislativo. Después de ser archivado por una comisión del Senado y sufrir diversas modificaciones, el proyecto fue revitalizado y aprobado en las sesiones plenarias de ambas cámaras, logrando superar la conciliación final justo antes del fin del período legislativo. Este logro en el ámbito legislativo se dio en un ambiente tenso, donde el Gobierno buscó superar obstáculos recurriendo incluso a la posibilidad de una consulta popular, lo cual provocó fuertes críticas por parte de la oposición y algunos sectores empresariales.
Mejoras clave para los empleados
La reforma laboral aprobada introduce varios cambios significativos en las condiciones de trabajo en Colombia. Uno de los puntos más destacados es la modificación en los recargos nocturnos: a partir de ahora, la jornada nocturna comenzará a las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m., aumentando así el número de horas con recargo adicional. Además, el trabajo en domingos y festivos pasará a tener una remuneración del 100 %, que será implementada de forma gradual hasta 2027.
Otro cambio importante es el límite al uso de contratos a término fijo, que ahora no podrán extenderse más allá de los cuatro años. Esto busca frenar la práctica de renovaciones indefinidas que afectaban la estabilidad laboral de muchos colombianos. Asimismo, la ley establece la obligación de formalizar a los trabajadores de plataformas digitales, garantizando su acceso a la seguridad social, incluyendo salud y pensión.
La reforma también contempla beneficios para los aprendices del SENA, quienes ahora tendrán contratos laborales con acceso a prestaciones sociales como primas, cesantías y vacaciones. Su salario dependerá de la etapa de formación, pero se asegura una remuneración justa y un vínculo formal con el sistema laboral.
Retiro del “decretazo” y reacciones encontradas
Una vez aprobada la reforma, el presidente Petro anunció el retiro oficial del decreto que buscaba convocar una consulta popular sobre el contenido de la ley. Esta decisión fue bien recibida por varios sectores del Congreso que consideraban inconstitucional ese intento. Sin embargo, el mandatario dejó abierta la posibilidad de incluir la reforma laboral dentro de una eventual Asamblea Nacional Constituyente en 2026.
La reforma ha suscitado opiniones diversas. Por un lado, los sindicatos y colectivos progresistas aplauden lo que califican como un triunfo significativo para los derechos de los trabajadores, mientras que las asociaciones empresariales expresan preocupación por los potenciales incrementos en los gastos de contratación y amenazas al empleo formal. Investigaciones iniciales indican que la nueva normativa podría incrementar los costos laborales entre un 6 % y un 35 %, lo que ha generado inquietud en algunos sectores económicos.
¿Qué es lo que sigue?
Con el visto bueno legislativo ya obtenido, el siguiente paso consistirá en la implementación de la ley mediante decretos del Ejecutivo. Se anticipa que el Gobierno desarrolle una estrategia institucional para supervisar su ejecución y garantizar que los nuevos derechos realmente beneficien a los trabajadores. Asimismo, el diálogo político sobre una posible Asamblea Constituyente podría reactivar debates acerca del alcance y la viabilidad de la reforma. Lo cierto es que, por el momento, Colombia ha avanzado notablemente hacia un nuevo modelo laboral, más inclusivo y acorde con las demandas del siglo XXI.
