En Panamá, el prolongado paro indefinido de docentes que comenzó el 23 de abril, en rechazo a una reforma del sistema de jubilaciones, ha sacado a la luz profundos desequilibrios en el ámbito educativo. En un giro comunicacional, la titular de la cartera educativa, tras insistir durante semanas en que casi la totalidad de los centros escolares funcionaba con normalidad, reconoció por primera vez que el año escolar podría perderse si no retornan los maestros a las aulas para el inicio del segundo trimestre.
El discurso oficial: de la normalidad al colapso inminente
En abril y a inicios de mayo, la ministra aseguraba que cerca del 87 % de las escuelas funcionaban normalmente, basándose en información de distritos escolares como San Miguelito. También subrayaba que no se tomarían medidas punitivas contra los docentes que volvieran a trabajar, con el objetivo de promover el retorno a las aulas. Sin embargo, esta declaración difería de los relatos de varios gremios y reportes de campo, que señalaban que muchas escuelas seguían cerradas o con actividades muy reducidas prensa.com.
La predicción de un año perdido
El 16 de junio, hubo un punto de inflexión en el mensaje oficial: la ministra advirtió que el curso escolar “está en riesgo de perderse” si los profesores no regresan para el lunes 23, fecha en que comienza el segundo trimestre. Sostuvo que, a partir del lunes, el Gobierno tendría que actuar con medidas que preferiría evitar, pues considera que todo niño debe contar con un docente. La declaración implicaba por primera vez el reconocimiento de que el conflicto había derivado en una amenaza real al calendario académico prensa.com.
Cambio de tono y fricción con los docentes
Previo a ese anuncio, en una serie de declaraciones, la ministra había advertido que el Ministerio haría cumplir la ley “sin excepciones”, aunque aseguraba que no habría represalias para quienes regresaran prensa.com. Sin embargo, el 29 de mayo acusó a ciertos grupos docentes de actuar bajo “intereses desestabilizadores”, sugiriendo que la protesta se sostenía sobre “información falsa” y se instrumentalizaba para infundir miedo prensa.com. Estas expresiones generaron un fuerte malestar entre los gremios, que leyeron estas palabras como una señal de que el Ejecutivo no estaba dispuesto a establecer un diálogo genuino.
Impacto desigual en los centros educativos
Los informes preliminares, a pesar de ser incompletos, sugieren que de las más de 3,100 escuelas en el país, algunas operaban al 100 %, otras al 40 % o 60 %, aunque en términos generales, seguían abiertas prensa.com. Sin embargo, los grados de actividad diferían significativamente por provincia, distrito e incluso por nivel educativo. Por ejemplo, en Panamá Oeste, se calculaba que solo un 60 % de los maestros acudían a las clases, y cerca del 50 % de los alumnos asistían a las aulas de primaria prensa.com. En ciertos centros educativos, apenas cuatro docentes atendían a grupos de estudiantes de cuarto y quinto grado, debido al gran número de profesores en huelga.
Medidas disciplinarias y suspensión de salarios
En respuesta a la situación, la Contraloría General inició un proceso para suspender los sueldos de más de 30,000 maestros que no habían acudido a sus puestos. En un principio, se suspendieron los pagos a aproximadamente 17,000, aunque más tarde la cifra aumentó tras auditorías exhaustivas en cada colegio prensa.com. La premisa principal: «quien no labora, no recibe pago», destacada por el contralor, fue considerada por varios sectores como una medida sin precedentes en su magnitud.
Consecuencias y urgencia de transparencia
La combinación de afirmaciones enfrentadas, acciones disciplinarias a gran escala y las diferencias entre las cifras gubernamentales y los informes de campo muestran que el país atraviesa una seria crisis en el ámbito educativo. El riesgo de perder el año escolar 2025 no solo pone en jaque el cumplimiento del calendario escolar, sino que también genera desconfianza entre los sectores implicados. Para cambiar esta realidad, es esencial disponer de datos precisos y recientes sobre el desempeño verdadero de las instituciones educativas, además de crear espacios de diálogo efectivos que integren a maestros, autoridades, alumnos y padres.
El camino hacia una solución sostenible
La solución más eficaz implica reestablecer una comunicación clara y mantener la transparencia: se debe saber con precisión el número de colegios en funcionamiento, sus condiciones, y la cantidad de estudiantes que asisten a clases. Al mismo tiempo, es esencial reiniciar un diálogo que contemple las peticiones de los profesores, sin comprometer el derecho de los niños y jóvenes a una educación sin interrupciones. La consistencia en el discurso institucional, la transparencia en la rendición de cuentas y la disposición para un diálogo realista son esenciales para asegurar que el año escolar no se pierda y para restaurar la confianza en el sistema educativo.
