En un nuevo capítulo de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo, el Gobierno de Venezuela presentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un escrito con “pruebas adicionales” sobre su reclamo de soberanía sobre la región, una zona rica en petróleo y recursos naturales. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano ha reiterado que no reconoce la jurisdicción de la CIJ y que no acatará ninguna sentencia que emita el tribunal internacional sobre este asunto.
En su declaración oficial, el Gobierno de Venezuela reiteró su posición de que el Acuerdo de Ginebra de 1966 solucionó finalmente el conflicto sobre el laudo arbitral de 1899, el cual había fijado las fronteras entre Venezuela y la antigua Guayana Británica, ahora conocida como Guyana. Según Caracas, este acuerdo es el único marco jurídico que compromete a ambos países a encontrar una resolución al desacuerdo, la cual debe lograrse mediante un acuerdo satisfactorio para ambas partes, fuera del contexto del tribunal internacional.
La postura de Venezuela respecto a la CIJ
Venezuela, que ha sostenido su reclamación sobre el Esequibo durante décadas, cuestionó la legitimidad de la demanda de Guyana ante la CIJ, al considerar que el proceso iniciado en 2018 por la nación vecina es un «proceso judicial fraudulento». Guyana, por su parte, acudió a la Corte Internacional para que se pronuncie sobre los límites territoriales y reconozca el laudo arbitral, argumentando que dicha decisión debería ser vinculante para ambos países, de acuerdo con la normativa internacional.
El Gobierno venezolano, sin embargo, aclaró que la presentación de nuevos documentos ante la CIJ no implica un reconocimiento de la jurisdicción de la Corte ni una aceptación de la posible decisión que esta pueda emitir. El caso sigue pendiente, y las tensiones entre ambos países continúan en aumento, especialmente en un contexto en el que la situación territorial sigue siendo un tema delicado en la diplomacia de América Latina.
El plebiscito y la formación del Estado de Guayana Esequiba
En una clara manifestación de su postura territorial, el Gobierno venezolano llevó a cabo a finales de 2023 un referéndum en el que consultó a la población sobre su apoyo a la creación de un nuevo estado venezolano en la región del Esequibo. El referéndum planteaba la posibilidad de otorgar la ciudadanía venezolana a los habitantes del Esequibo y, además, de “incorporar ese estado al mapa del territorio venezolano”. Los resultados del referéndum, según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, fueron un rotundo apoyo popular a la propuesta.
Este plebiscito ha sido descrito por Guyana como un «peligro para su existencia» y un avance hacia la anexión de esa área. Los funcionarios en Georgetown han manifestado su rotunda oposición a estos movimientos, viéndolos como una transgresión a la soberanía de Guyana. Desde la perspectiva de Guyana, el conflicto respecto al Esequibo se resolvió según el Convenio de Ginebra, y las medidas de Venezuela se perciben como una interpretación incorrecta de ese convenio.
La reacción de Guyana y la posición de la CIJ
Guyana, que supervisa el territorio en conflicto, ha confirmado que el Acuerdo de Ginebra de 1966 no impide la competencia de la CIJ sobre el asunto, y que la Corte posee la facultad de solucionar el desacuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana subrayó que la intervención de Venezuela ante la CIJ permitirá a la Corte disponer de todos los argumentos, tanto de hecho como de derecho, presentados por las partes concernientes para tomar una decisión definitiva. El gobierno de Guyana ha afirmado que cualquier veredicto de la CIJ será obligatorio e indiscutible, reiterando su posición de que el tribunal internacional tiene la última palabra en estas disputas sobre territorio.
El juicio permanece sin resolución en la Corte Internacional de Justicia, donde se anticipa que se dictará una sentencia sobre el conflicto próximamente. Sin embargo, las tensiones políticas entre Venezuela y Guyana parecen seguir aumentando, ya que ambas naciones aseguran tener justificación en su demanda sobre la región.
La formación del Estado de Guayana Esequiba y sus consecuencias políticas
En 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley para la creación del Estado de Guayana Esequiba, lo que representó un nuevo paso en la estrategia de Venezuela para fortalecer su reclamación sobre la región. Como parte de esta iniciativa, en las elecciones de 2025, se eligió por primera vez un gobernador y legisladores para dicho estado. Esta acción, junto con la reciente consulta popular, refleja el firme compromiso del Gobierno venezolano con la incorporación del Esequibo a su territorio.
Por otro lado, la situación ha despertado una creciente inquietud en Guyana y en la comunidad internacional, puesto que las acciones de Venezuela podrían aumentar la tensión en el área. En este sentido, la posición del gobierno de Trump en Estados Unidos podría influir en la evolución de los acontecimientos, debido a su interés en la estabilidad política y económica de América Latina.
El futuro de la disputa territorial
El conflicto sobre el Esequibo continúa siendo un tema central en las relaciones entre Venezuela y Guyana, y su resolución aún parece distante. A medida que el caso sigue su curso en la Corte Internacional de Justicia, los gobiernos de ambos países se preparan para lo que podría ser una batalla diplomática prolongada.
La controversia no solo repercute en las dos naciones en cuestión, sino que también tiene consecuencias a nivel regional, especialmente en relación con el aprovechamiento de recursos naturales en el Esequibo, que es una región abundante en petróleo y minerales. La situación también ha destacado la relevancia de los mecanismos de resolución de conflictos internacionales y la necesidad de una estrategia diplomática y legal para solucionar disputas territoriales en un mundo cada vez más interconectado.
Mientras tanto, tanto Venezuela como Guyana siguen firmes en sus respectivos posicionamientos, y el futuro del Esequibo continúa siendo un tema de creciente relevancia en la política de América Latina.
