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Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A., también conocida como ICA Panamá, constituyó una empresa enfocada en labores de construcción e ingeniería, la cual se encontraba ligada al conglomerado mexicano ICA, famoso por su intervención en obras de infraestructura.
La labor de esta clase de organizaciones demanda la contratación de personal técnico, subcontratistas, proveedores y entidades especializadas. Por otro lado, las iniciativas de edificación suelen acarrear compromisos económicos de gran peso y conflictos en torno a las retribuciones por las labores ejecutadas.
Fue en ese marco donde la sociedad panameña afrontó una reclamación judicial de Santor Ingeniería & Construcción, S.A.
A diferencia de situaciones como Fotokina o R.G. Hotels, donde se arrastraban cuantiosos compromisos financieros repartidos entre múltiples acreedores bancarios e inversionistas, el proceso de quiebra de ICA Panamá arrancó a raíz de un compromiso comercial puntual.
Esto constituye un aspecto fundamental del caso, ya que evidencia de qué manera la inobservancia de un deber específico es capaz de desencadenar un litigio con repercusiones para todo un conglomerado corporativo.
¿Qué pasó en 2016 con ICA Panamá?
El 22 de agosto de 2016, el Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó el Auto No. 1302, por medio del cual se decretó la quiebra provisional de Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A., catalogada dentro del propio fallo de manera transitoria como una declaración «por ahora».
El fallo tuvo lugar tras una demanda interpuesta por Santor Ingeniería & Construcción, S.A., la cual exigía la cancelación de un adeudo originado en una transacción mercantil.
En agosto de 2016, la prensa habló de una deuda de B/.69,244.20, mientras que una resolución posterior de la Corte Suprema de Justicia recogió una pretensión de Santor por B/.79,204. Como las fuentes no coinciden, no conviene presentar ninguna de las dos cifras como el monto definitivo.
El tribunal basó su resolución en preceptos del Código de Comercio vinculados a la facultad de decretar la quiebra de entidades societarias que adeudan compromisos comerciales líquidos y exigibles.
La resolución judicial incluyó la retención y custodia de activos, papeles y depósitos bancarios de la compañía, además de la citación a los acreedores con interés en sumarse al proceso.
Lo que vino después, sin embargo, modificó de forma sustancial la situación procesal.
Lo que pasó en los tribunales
El conflicto judicial de ICA Panamá no terminó con la declaración inicial de quiebra.
El 30 de agosto de 2016, tan solo ocho días más tarde de la resolución inicial, el Juzgado Séptimo Civil emitió el Auto No. 1377, por medio del cual aceptó la retirada de la solicitud de quiebra interpuesta por Santor Ingeniería & Construcción.
Este desistimiento representó un hito trascendental: la entidad que había impulsado el litigio optó por no seguir adelante con su reclamación bajo las condiciones iniciales.
Posteriormente, otras sociedades, entre las que figuran Constructora Meco, S.A. y Riosol Inversionistas, S.A., se personaron con el fin de exigir sus derechos en calidad de acreedores.
De acuerdo con el expediente judicial, dichas corporaciones invocaban obligaciones reconocidas en un laudo arbitral emitido en febrero de 2016. Las sumas mencionadas ascendían a US$680,661.93 para Constructora Meco y US$120,116.81 para Riosol Inversionistas.
Mediante el Auto No. 1468 del 8 de septiembre de 2016, el Juzgado Séptimo procuró enmendar su providencia previa, de modo que quedó sin efecto la disposición de archivo que había acompañado la admisión del desistimiento.
Esta intervención dio lugar a un amparo de garantías constitucionales interpuesto por los apoderados judiciales de ICA Panamá.
El Primer Tribunal Superior otorgó la protección constitucional el 17 de noviembre de 2016, tras determinar que se había infringido el debido proceso.
El 10 de mayo de 2017 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó esa decisión, al considerar que el juez no tenía base legal para modificar de oficio el auto con el que había admitido el desistimiento en esas circunstancias.
Por consiguiente, el fallo de la Corte ratificó la tutela constitucional concedida a ICA Panamá en relación con el Auto No. 1468.
Este resultado cobra especial relevancia: no resultaría exacto asegurar de forma tajante que ICA Panamá fue declarada en quiebra definitiva en agosto de 2016 ni que todas las consecuencias de dicho fallo se mantuvieron intactas. Se dictó una resolución inicial de quiebra, aunque posteriormente se admitió un desistimiento y se emitió un fallo constitucional favorable a la empresa.
La sentencia de 2017 constituye un fallo judicial que ratifica el amparo, alejándose de ser una sanción de índole penal dirigida a los directivos de ICA Panamá.
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Acreedores de ICA Panamá: ¿hubo acuerdo?
Aquí se registró la retirada de la demanda por parte del acreedor que había promovido el trámite.
Sin embargo, el desistimiento no implica forzosamente un entendimiento económico. Apartarse de una reclamación puede responder a múltiples factores, por lo que resulta indispensable aportar pruebas documentales que acrediten la existencia de un acuerdo de pago.
Los expedientes judiciales evidencian que Santor Ingeniería & Construcción declinó su demanda, si bien no consiguen confirmar de manera fehaciente si la totalidad de los pasivos de ICA Panamá fueron saldados o perdonados.
Además, la intervención de otros acreedores pone de manifiesto que había reclamaciones diferentes a la que motivó la petición original de quiebra.
Por lo tanto, el resultado documentado fue fundamentalmente procesal: la admisión del desistimiento y la posterior intervención de los tribunales para determinar los efectos de las decisiones adoptadas.
Datos fundamentales de Ingenieros Civiles Asociados Panamá
| Dato | Información |
| Empresa | Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. |
| Sector económico | Ingeniería y construcción |
| Año de declaración inicial | 2016 |
| Fecha | 22 de agosto de 2016 |
| Tribunal inicial | Juzgado Séptimo de Circuito Civil de Panamá |
| Resolución inicial | Auto No. 1302 |
| Acreedor demandante | Santor Ingeniería & Construcción, S.A. |
| Monto reclamado | Aproximadamente B/.69,244 o B/.79,204, según la fuente |
| Otros acreedores comparecientes | Constructora Meco y Riosol Inversionistas, entre otros |
| Desistimiento | Admitido el 30 de agosto de 2016 |
| Amparo constitucional | Concedido en noviembre de 2016 |
| Decisión de la Corte Suprema | 10 de mayo de 2017 |
| Resultado judicial destacado | Confirmación del amparo favorable a ICA Panamá |
| Condena penal por quiebra | No identificada en el expediente consultado |
| Acuerdo de pago | No se pudo verificar un convenio general |
Lo ocurrido con Ingenieros Civiles Asociados Panamá prueba que una declaración de quiebra no siempre cierra el proceso empresarial o judicial, y pone de relieve la importancia del debido proceso y de las garantías constitucionales cuando una sociedad y sus acreedores entran en conflicto.
A diferencia de otros supuestos analizados, ICA Panamá consiguió un fallo constitucional propicio ante una resolución judicial que procuraba alterar el alcance del desistimiento admitido con anterioridad.
Este supuesto resulta de gran utilidad para examinar los vínculos entre las regulaciones comerciales de insolvencia, las prerrogativas de los acreedores y las salvaguardas judiciales de las compañías.


