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Desglosando «pérdidas y daños» en negociaciones climáticas

Qué significa “pérdidas y daños” en discusiones climáticas

Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

  • Mitigación: medidas dirigidas a recortar la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el incremento de la temperatura planetaria.
  • Adaptación: propuestas orientadas a reducir la vulnerabilidad y robustecer la capacidad de reacción ante impactos previstos, como levantar diques, desarrollar variedades agrícolas más resistentes e incorporar sistemas de alerta temprana.
  • Pérdidas y daños: efectos remanentes que continúan aun tras aplicar acciones de mitigación y adaptación, junto con impactos repentinos o definitivos que resultan imposibles de compensar plenamente.

Clases de daños y pérdidas

  • Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales y tornados. Por ejemplo, ciclones capaces de devastar la infraestructura en tan solo unas horas.
  • Procesos lentos: el incremento del nivel del mar, la erosión de las zonas costeras, la salinización, las sequías prolongadas y la disminución gradual de la productividad agrícola.
  • Pérdidas económicas: costos inmediatos por daños en viviendas, carreteras, cultivos y actividades turísticas.
  • Pérdidas no económicas: desplazamientos forzados, deterioro del patrimonio cultural, desaparición de especies y repercusiones sociales de gran alcance.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

  • Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de personas y generaron pérdidas significativas en agricultura y vivienda; las estimaciones internacionales señalaron que millones quedaron desplazados y hubo miles de millones de dólares en daños.
  • Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi provocó muertes masivas, destrucción de infraestructura y pérdidas económicas que se estimaron en miles de millones de dólares, además de un impacto humanitario prolongado.
  • Huracán María en Puerto Rico (2017): colapso de servicios esenciales y daños valorados en decenas de miles de millones de dólares según distintas estimaciones; evidenció cómo impactos extremos generan crisis sanitarias y migraciones internas.
  • Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (por ejemplo, comunidades de Kiribati o Carteret) experimentan erosión y pérdida de territorio, obligando a planificar reubicaciones transnacionales o nacionales.
  • Sequías y agricultura: en regiones del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías recurrentes y plagas vinculadas al clima reducen ingresos agrícolas, incrementan inseguridad alimentaria y empujan migraciones.

Entorno internacional y ámbito político

  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el debate sobre pérdidas y daños ha estado presente durante años en las negociaciones; en 2013 se estableció el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el fin de articular estudios y asistencia técnica.
  • Hito en la COP27: en 2022 los países decidieron crear un fondo dedicado a enfrentar pérdidas y daños, destinado sobre todo a respaldar a las naciones en desarrollo que padecen impactos desmedidos. Su implementación requiere fijar la estructura de gobernanza, las fuentes de recursos y los requisitos de acceso.
  • Tensión política: persiste la disputa entre países desarrollados y en desarrollo respecto a si este apoyo debe interpretarse como reparación, compensación o un acto de solidaridad; algunos temen asumir responsabilidades legales mientras otros reclaman justicia climática.

Evaluación, atribución y apreciación de valor

  • Ciencia de atribución: facilita evaluar en qué medida el cambio climático provocado por actividades humanas influyó en la frecuencia o magnitud de un fenómeno extremo, respaldando decisiones de financiamiento aun cuando no siempre ofrece conclusiones definitivas para cada situación.
  • Valoración económica: calcular daños directos resulta relativamente sencillo (infraestructura, producción), pero estimar pérdidas no económicas —como identidad, prácticas culturales o biodiversidad— implica mayores dificultades y suele quedar corto al traducirse a valores monetarios.
  • Brechas de datos: los países con capacidad estadística limitada enfrentan obstáculos para medir impactos y sustentar solicitudes de asistencia, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a recursos.

Mecanismos de reacción y financiación

  • Prevención y reducción del riesgo: impulso a obras de infraestructura resistente, ordenamiento del territorio y recuperación de ecosistemas.
  • Mecanismos de seguro: seguros nacionales y fondos regionales contra desastres (por ejemplo, instrumentos operativos en el Caribe y el Pacífico) que facilitan desembolsos ágiles después de fenómenos extremos.
  • Financiamiento internacional: aportes no reembolsables, créditos en condiciones favorables, ajustes de deuda y el reciente fondo de pérdidas y daños establecido en negociaciones globales.
  • Medidas innovadoras: alternativas como gravámenes al carbono, tarifas aplicadas al transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada vía despierta discusiones sobre justicia y efectividad.

Desafíos operativos y éticos

  • Equidad: países que menos han contribuido al calentamiento suelen sufrir los peores impactos; existe un fuerte argumento moral para transferencias financieras del Norte global al Sur global.
  • Responsabilidad vs. solidaridad: la demanda de compensación por daños históricos choca con la reticencia de algunos países a aceptar responsabilidad legal y financiera.
  • Implementación operativa: definir quién accede al fondo, cómo se prioriza, cómo asegurar transparencia y que los recursos lleguen a las comunidades afectadas.
  • Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como pérdida de identidad cultural o territorio insular, no pueden repararse con dinero; requieren soluciones políticas complejas, como migración planificada y protección de derechos.

Recomendaciones y sugerencias óptimas

  • Combinar enfoques: articular prevención, preparación, seguros y financiamiento sostenible para afrontar pérdidas económicas y respaldar inversiones que refuercen la resiliencia.
  • Empoderar comunidades: incorporar a pueblos indígenas y comunidades locales en la definición y ejecución de medidas que aseguren adecuación cultural y resultados efectivos.
  • Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de control y rendición de cuentas que faciliten el seguimiento del uso de los recursos.
  • Soluciones regionales: promover la cooperación en fondos y esquemas de cobertura de alcance regional (incluidos acuerdos de reasentamiento entre estados insulares y países anfitriones) para administrar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.

Por Lucía Benítez

Reportera de justicia y vida institucional, enfocada en procesos, decisiones públicas y su impacto. Publica en español y prioriza documentos, fuentes y contexto comparado. Su objetivo es que el lector entienda el “cómo funciona” antes del “quién gana”.

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