El proyecto del tren Panamá–Divisa avanza hacia una etapa decisiva, luego de que el gobierno anunciara la elaboración de una lista oficial que incluirá las fincas que podrían verse afectadas por la construcción de la nueva vía férrea. Este registro servirá para delimitar con precisión las propiedades impactadas y será la base para realizar estudios técnicos, negociaciones con los propietarios y definir eventuales expropiaciones.
La construcción del tren, que conectará la Ciudad de Panamá con la frontera con Costa Rica en Divisa, comprende más de 475 kilómetros de ruta. Se espera que esta obra impulse significativamente el desarrollo económico y la integración regional, al facilitar el transporte de pasajeros y mercancías con velocidades máximas proyectadas de hasta 180 kilómetros por hora para pasajeros y 100 para carga.
En esta etapa, el desarrollo del registro de propiedades tiene como objetivo definir con precisión los límites de la tierra que se modificarán, tanto en la parte superior como inferior del suelo. Para lograr esto, se llevará a cabo un levantamiento catastral minucioso, que comprenderá visitas a las tierras, conversaciones con los propietarios y análisis de topografía. Esta actividad es parte de una planificación meticulosa que también contempla un estudio de impacto territorial para revisar las posibles consecuencias sociales, ambientales y económicas.
La cantidad destinada para estas labores iniciales sobrepasa los 400 mil dólares, mostrando la intención de asegurar un procedimiento técnico y transparente. Este esfuerzo es respaldado por un plan comunicativo enfocado en informar a las comunidades a lo largo del recorrido, donde las autoridades se comprometen a ofrecer información sobre el progreso del proyecto, los derechos de los propietarios y las formas de atender inquietudes y quejas.
Los pueblos situados a lo largo del trazado del tren, tanto en áreas urbanas como rurales, se alistan para enfrentar las transformaciones que traerá este proyecto. Especialmente, los dueños de terrenos agrícolas han expresado inquietud por las repercusiones que dicha vía tendrá en sus propiedades, comprometiendo no solo el terreno, sino también la disponibilidad de servicios esenciales como carreteras, sistemas de riego y áreas de pastoreo.
El registro oficial ayudará a precisar las propiedades implicadas, lo que hará más sencillo negociar compensaciones económicas o llevar a cabo expropiaciones si es necesario. Las autoridades han indicado que se garantizarán los derechos de propiedad de acuerdo con las leyes actuales, contemplando la solución de eventuales conflictos sobre límites y la verificación de títulos.
Aparte de los elementos legales y técnicos, el procedimiento incluye también valoraciones ambientales y sociales que contribuyen a reducir los riesgos y a planificar medidas de mitigación para salvaguardar el medio ambiente y el bienestar de las comunidades. Estas medidas abarcan la edificación de cruces peatonales, corredores para animales y sistemas de protección contra el ruido y la polución.
El gobierno ha manifestado que el inicio formal de la obra está previsto para principios de 2026, tras concluir esta etapa preparatoria y asegurar la viabilidad jurídica, técnica y social del proyecto. También se trabaja en la coordinación con las instancias legislativas para asegurar el financiamiento necesario, que incluye partidas destinadas a la adquisición de terrenos y contratación de servicios especializados.
Aunque el proyecto cuenta con el respaldo oficial por sus beneficios en movilidad y desarrollo económico, algunos sectores han expresado reservas sobre el proceso de consulta y la transparencia en la gestión de afectaciones a la propiedad privada. Por ello, se espera que el gobierno refuerce los mecanismos de diálogo y participación ciudadana para construir acuerdos que eviten conflictos y aseguren una implementación equitativa.
En suma, la preparación de la lista oficial de fincas representa un paso clave en la ejecución del tren Panamá–Divisa. Su correcta elaboración y manejo determinarán en gran medida el éxito del proyecto, al equilibrar la necesidad de infraestructura moderna con el respeto a los derechos de los habitantes y la protección del entorno en las zonas intervenidas.
