Ayer inició el período de consultas para un proyecto relacionado con el sistema de seguridad social en Panamá. La Universidad de Panamá ha hecho varias propuestas que no incluyen aumentar las tarifas ni cambiar la edad de jubilación. Con estas medidas implementadas, el financiamiento para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (DSP) podría aumentar significativamente, incrementándolo en aproximadamente $22.667 millones en una década. USD, y más de 20 años: 67.778 millones.
El rector Eduardo Flores Castro pronunció un discurso en la Comisión Legislativa de Salud, donde presentó un análisis realizado por economistas y actuarios universitarios. Este análisis tiene como objetivo abordar el déficit de recursos que enfrenta el IVM, que actualmente necesita 14 mil millones de dólares durante los próximos diez años.
Las propuestas se centran en cuatro áreas principales: reducir la evasión fiscal, controlar la evasión de contribuciones, aumentar la rentabilidad de los fondos del Fondo Sodra (VSDF) y formalizar el trabajo informal. Estas medidas tienen como objetivo fortalecer el programa de pensiones sin aumentar la edad de jubilación u otros cambios paramétricos.
Flores señaló que según la Dirección General de Ingresos (DGI), la evasión fiscal en 2022 ascendió a 7.832 millones USD, que corresponde al 10,2% del PIB. Ante esta situación, la universidad propone reducir la evasión fiscal en un 1,5% del PIB, lo que podría generar unos 18.101 millones en diez años. USD, y más de 20 años: 53.709 millones.
Al hablar de evasión fiscal, el rector mencionó que en el sector privado sólo el 75% de los empleados están registrados en el VPT, mientras que el 25% permanece sin seguro. Incluir a estos 114.000 trabajadores informales generaría ingresos adicionales de 2.162 millones de dólares en diez años y 5.921 millones de dólares en 20 años.
Además, Flores señaló que actualmente los fondos de la CSS rinden un 4%, mientras que los bancos ofrecen un 8%. Aumentar este rendimiento entre un 2% y un 6% generaría 1.578 millones de dólares adicionales en una década y 2.870 millones de dólares en 20 años.
El rector también mencionó que formalizar sólo al 10% de los trabajadores informales, que están desanimados por las dificultades de la burocracia y la dependencia, podría sacar 968 millones en diez años. Ingresos en dólares, y en 20 años: 5.278 millones.
Por su parte, el economista Juan Jované destacó la incompatibilidad estructural del Proyecto de Ley 163 con las propuestas de la Universidad de Panamá. Dijo que la ley actual prevé la privatización de los fondos de la CSS a través de la subcontratación, permitiendo que el 75% de los fondos se inviertan en activos del Tesoro de Estados Unidos en lugar de utilizarse para el desarrollo nacional.
Jované explicó que la universidad pudo hacer estas propuestas utilizando sus propios recursos de evaluación comparativa y cuestionó la presencia de algunos participantes en la sala de debate, sugiriendo que algunos deberían lamentar la decisión de 2005. reformas que, en su opinión, destruyeron el sistema de solidaridad.
Las consultas en la Comisión comenzaron a las 10:20 horas y el primer orador fue José Enrique Machuca. En toda la sesión participaron alrededor de 24 ponentes, entre ellos el exlegislador Olmedo Guillén, Héctor Baxter, Abelardo Herrera, Raquel Gutiérrez y Sherly Ramos.
En un emotivo discurso, Héctor Baxter mencionó que tuvo tres días donde apenas durmió dos horas por noche. A pesar de no ser un académico, sintió la necesidad de hablar en nombre de la mayoría silenciosa que anteriormente se había manifestado en las calles y derrotado a la élite.
Sherly Ramos también ofreció una intervención cargada de emoción, preguntando a los agentes y oficiales superiores si alguno de ellos tenía hambre. “Aquí los presidentes son tratados como dioses, pero son seres humanos con el privilegio de gobernar. Tienen que hacerlo ante todo por aquellos que más necesitan ayuda», añadió.
El debate sobre estas propuestas es muy importante dada la situación actual de la seguridad social en Panamá y la necesidad de reformas que aseguren un sistema sostenible y justo para todos los ciudadanos. Las opiniones y análisis presentados en este primer día de consultas reflejan la complejidad del tema y la necesidad de encontrar soluciones viables que beneficien a todos los residentes.
