El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció este jueves en conferencia de prensa que el país comenzará a multar a los inmigrantes ilegales, con sanciones que pueden llegar hasta los 5.000 dólares, dependiendo de la gravedad de la violación. La medida es parte de una estrategia gubernamental más amplia para combatir el creciente flujo migratorio que cruza el territorio panameño, particularmente en la peligrosa región del Darién que conecta Sudamérica con Centroamérica.
Según explicó Mulino, «cualquier extranjero que ingrese al país violando los controles migratorios terrestres, aéreos o marítimos estará sujeto a multas que oscilan entre los 1.000 y los 5.000 dólares». Además, el presidente enfatizó que los migrantes sentenciados no podrán salir de Panamá sin antes pagar la pena impuesta. Esta obligación quedó establecida en un reciente decreto ejecutivo publicado en el Diario Oficial, que también establecía que quienes no pudieran pagar serían deportados.
El presidente enfatizó que estas acciones tienen como objetivo fortalecer los controles fronterizos y disuadir el ingreso ilegal, sobre todo teniendo en cuenta que Panamá se ha convertido en un importante punto de tránsito migratorio hacia Estados Unidos. Pero el gobierno reconoció que no todas las situaciones son iguales y que los migrantes que crucen la frontera con Colombia por la selva del Darién tendrán en cuenta «condiciones especiales de vulnerabilidad» para que las penas sean duras y asequibles. . Esto permitiría a quienes llegaron por canales informales pagar las sanciones antes de salir del país.
El anuncio de estas medidas llega en un momento en el que la migración ilegal ha disminuido, aunque sigue siendo un gran desafío para el gobierno panameño. Según datos oficiales de migración, al menos 285.431 personas ingresaron ilegalmente a Panamá entre enero y octubre de este año, una disminución del 38% respecto al mismo período del año pasado, cuando se registraron 457.184 llegadas. A pesar de esta disminución, los flujos migratorios siguen siendo enormes: los venezolanos constituyen la mayoría de los migrantes y representan casi 197.000 personas durante este período.
El gobierno panameño buscó controlar la situación migratoria a través de acuerdos internacionales. Entre estas iniciativas destaca el acuerdo firmado con la administración estadounidense de Joe Biden, que facilita la deportación de inmigrantes ilegales del territorio de Panamá en vuelos parcialmente financiados por Washington. A la fecha se han realizado más de 20 vuelos a países de origen, principalmente Colombia. Además, Panamá deportó recientemente a 130 migrantes de la India en un vuelo que también contó con el apoyo financiero del gobierno estadounidense.
El paso del Darién, una de las rutas más peligrosas del continente, sigue siendo el principal punto de entrada de migrantes a Panamá. Esta selva, que separa América del Sur de Centroamérica, se ha convertido en un corredor migratorio para miles de personas que huyen de la difícil situación económica, política y social de sus países de origen. Aunque muchos migrantes intentan llegar a Estados Unidos, su movimiento a través de Panamá ha presentado muchos desafíos a las autoridades locales, incluidas cuestiones humanitarias y de seguridad.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Mulino son parte de un esfuerzo más amplio para reducir el tráfico ilegal y fortalecer los controles fronterizos. Sin embargo, estas acciones no están exentas de controversia. Grupos de derechos humanos han señalado que políticas más estrictas podrían aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente aquellos que viajan a través del Darién, donde enfrentan riesgos como violencia, explotación y condiciones extremas.
Pese a las críticas, Mulino defendió la decisión de implementar estas sanciones, alegando que son necesarias para garantizar el orden y la seguridad en el país. Según el presidente, las multas abordarán el impacto del aumento de los flujos migratorios en los recursos y la infraestructura de Panamá, al tiempo que promoverán el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.
Los flujos migratorios en la región, impulsados por múltiples factores, siguen siendo un fenómeno complejo que abarca varios países de América Latina y el Caribe. En este contexto, Panamá se ha convertido en un actor clave no sólo como país de tránsito, sino también como punto focal estratégico para coordinar los esfuerzos regionales para gestionar la migración. Las últimas cifras muestran que si bien el número de inmigrantes ha disminuido, la presión sobre el país sigue siendo alta, particularmente en áreas como la ayuda humanitaria y la gestión de la seguridad fronteriza.
Al implementar estas multas y deportar a los inmigrantes ilegales, el gobierno espera reducir aún más el flujo migratorio trabajando con países vecinos como Colombia y Estados Unidos. Pero el desafío persiste y las autoridades tendrán que equilibrar la necesidad de mantener el control fronterizo con la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan su territorio. Sobre todo, Darién seguirá estando en el punto de mira porque no sólo es una ruta migratoria, sino también un símbolo de las dificultades que enfrentan miles de personas en busca de un futuro mejor.
