(CNN Español) — El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, Jorge Luis Salas Arenas, advirtió por estos milagros en conferencia de prensa que la democracia del país enfrenta un «grave riesgo» por lo que, según señala, «una parte del Congreso está atacando la institucionalidad». democrática desde hace tiempo”.
Salas Arenas se refiere así a los proyectos de ley que buscan modificar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, para incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones —máximo tribunal de justicia electoral— entre los altos funcionarios públicos que allí pueden ser algunas decisiones políticas en el Parlamento.
El artículo 99 establece que corresponde a la Comisión Permanente del Congreso —que es el órgano ejecutivo de este poder— acusar al presidente del país, a los legisladores, a los miembros del Poder Judicial y demás instituciones del Estado, pero no incluye a los autoridades electorales.
A principios de este año, el Poder Judicial peruano emitió una serie de resoluciones que impiden, entre otras cosas, que el Parlamento modifique el artículo 99 de la Constitución para incluir a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones dentro del control político del Congreso, que estableció un depósito de competencias ante el Tribunal Constitucional. En la falta cometida en febrero de este año, el Tribunal Constitucional dio la razón al Congreso, y además determinó por “mayoría de cinco votos exhortar al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como reformar su reglamento, para incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe del Reniec”, todos los órganos que cumplen con el sistema electoral peruano.
Consultado por CNN, el congresista del grupo, Carlos Anderson, señaló que “la motivación de los grupos que impulsan es un cambio altamente político y un aumento de un sentimiento de frustración mezclado con un impulso de venganza”. Agregó que “la inclusión de mis miembros en el órgano electoral viola el principio de división de poderes y convierte al Poder Legislativo en el indiscutible primer poder dello Estado y eso en esencia es profundamente antidemocrático”.
La congresista Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, quien rechazó la enmienda del Artículo 99, le dijo en CNN que “ningún funcionario puede estar por encima de la Constitución ni tener carta blanca para violarla, y ese es el espíritu de la Constitución”. norma, que todo funcionario público puede ser juzgado si es como si hubiera quebrantado la Carta Magna. La justicia debe ser igual para todos y los órganos electorales no deben ponerse al servicio de intereses ideológicos”, apunta el parlamentario.
Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que este sector del Congreso «necesita el control del JNE por temor al juicio político» y que éste se ha convertido en una «tercera ola de ataques, que es en esta oportunidad se basa en la culpa del Tribunal Constitucional (…) que proponen al parlamento que extiendan juicio político”.
Consultado sobre estas críticas, el Tribunal Constitucional dijo a CNN que no emitirá ningún pronunciamiento a la señal dada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Por cierto, el congresista Chirinos comentó en CNN que “con el reciente fracaso del TC queda claro que Salas Arenas está descalificado para presidir el Jurado Nacional de Elecciones” y la acusación de que está construyendo una falsa narrativa de que la democracia está en peligro. “Su único objetivo es agarrar la carga”, señaló.
En otro momento de la conferencia, Salas Arenas registró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la información que emitió en mayo de este año titulada “Situación de los Derechos Humanos en el contexto de las protestas sociales” señaló que:
“A juicio de la Comisión, este tipo de decisiones y proyectos de ley en el actual país debilitan el sistema peruano de pesos y contrapesos, profundizan la falta de ciudadanía en las instituciones públicas y ponen en riesgo la credibilidad del proceso electoral. Cabe señalar que paralelamente ha venido el Congreso a discutir propuestas de reforma constitucional para la promoción de elecciones generales”.
En el mismo documento, se recomienda en el Estado Peruano: «Abstense de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial».
“Delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisan, con parámetros claros y objetivos, las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias”.
Al respecto, Salas Arenas señaló que es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite la emisión de un medio provisional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para garantizar el cese en las funciones del presidente del JNE que es objeto de cuestionamiento y ataque». Ante la solicitud de si este medio puede definir los procesos de modificación del artículo 99 de la Constitución al Congreso, Salas Arenas objetó que sí, que el Parlamento tuvo que prepararse para el cumplimiento de este medio de la Corte y que en este caso no fue obedecido. falta del tribunal transnacional, pasaría a convertirse en una dictadura congresal.
adelanto electoral
Para ser consultado sobre el tema del reclutamiento electoral se debe asegurar, como señaló la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Jurado Nacional Electoral precisó que, tal vez el caso, los órganos electorales han calculado con anticipación las oportunidades que se pueden aprovechar hay una proceso electoral en un plazo de 230 días después de que se celebre la convocatoria. Queda afuera del esquema las elecciones primas en los partidos por contar con poco tiempo.
Respetando las iniciativas parlamentarias que encuentran que las Fuerzas Armadas guardan copia de las actas de sufragio durante las elecciones, Salas Arenas dejó constancia de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, por lo que la Constitución también lo establece, y que «la democracia no necesita la protección de las FF.AA.” señalando que hasta esta forma no era necesaria la tributación del Jurado Nacional de Elecciones, y el condado estaba grave de las FF.AA. y no de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
