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R.G. Hotels, Inc. operó como un conglomerado enfocado en la ejecución de iniciativas hoteleras, turísticas y de bienes raíces en Panamá, con especial atención en los sectores de Coronado y Playa Blanca. Su trayectoria abarcó la gestión de complejos habitacionales, complejos hoteleros y diversas iniciativas de inversión.
Entre las corporaciones vinculadas figuraba Casa de Campo Farallón, S.A. El conglomerado había sido promovido inicialmente por el hombre de negocios Rugiere Gálvez Marcucci.
Para obtener fondos destinados a sus operaciones, acudió, entre otros medios, a la bolsa de valores panameña. En el transcurso de 2012, la Superintendencia del Mercado de Valores dio su visto bueno a una emisión de bonos corporativos de 15 millones de dólares y a otra de valores comerciales negociables por la misma cantidad.
El sistema posibilitaba recaudar fondos de los inversores mediante promesas de pago a futuro, las cuales se encontraban avaladas por las garantías fijadas en las emisiones.
No obstante, el incremento de las deudas, las dificultades económicas y las anomalías en el reporte de datos a la entidad reguladora enturbiaron el panorama del conglomerado.
¿En qué año quebró y cómo ocurrió?
La quiebra judicial se dictó el 21 de octubre de 2015, fecha en la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Coclé, a cargo del juez Manuel Jesús Corrales Hidalgo, declaró en quiebra a R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón.
Una de las particularidades que mayor controversia generó radicó en el hecho de que la quiebra se decretó con alcance retroactivo al 31 de julio de 2012.
Esto implicaba que la justicia fijó el cese de pagos en un momento previo a transacciones comerciales y financieras concretas llevadas a cabo con posterioridad. Tal resolución generó intensos debates en torno al estatus de los acreedores, así como sobre la validez o la eficacia de ciertas garantías.
Durante noviembre de 2014, un flamante grupo inversor asumió el mando accionario de R.G. Hotels, mientras que hacia septiembre de 2015 se impulsó la bancarrota voluntaria de las entidades implicadas.
Para agosto de 2016, los medios informaban acerca de compromisos acumulados por un mínimo de 65 millones de dólares, tomando en cuenta variadas deudas. Dicha problemática afectó a entidades bancarias, compradores de valores, abastecedores y ciudadanos que habían comprado inmuebles dentro de los proyectos inmobiliarios.
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Procesos judiciales y sentencias
El asunto de R.G. Hotels impulsó diversos procedimientos legales vinculados con la quiebra, la recuperación de créditos y las garantías de los inversionistas.
Uno de los mayores conflictos surgió en relación con los fideicomisos que garantizaban las emisiones de valores. En su papel de fiduciaria, ABS Trust recurrió a la Corte Suprema de Justicia para pedir que el proceso de quiebra fuera trasladado a un tribunal ubicado en la ciudad de Panamá.
También surgieron disputas acerca de la intervención de los acreedores en el procedimiento concursal, así como en lo relativo a las gestiones orientadas a la recuperación de los bienes hipotecados.
Durante enero del año 2016, la Sala Tercera de la Corte Suprema desestimó una petición para frenar la subasta judicial vinculada con compromisos económicos ante la Caja de Ahorros. Dicho fallo se enmarcó dentro de la disputa por impago, si bien no constituyó una sentencia de índole penal por la bancarrota.
El litigio se prolongó por varios años. Hacia febrero de 2024, se dio a conocer que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales había establecido una audiencia preliminar dirigida a seis individuos indagados por la supuesta adquisición fraudulenta del hotel Wyndham Grand Playa Blanca, un caso vinculado al grupo empresarial.
No ha sido posible confirmar, a través de la información disponible, la existencia de una resolución judicial firme de condena vinculada a dicho procedimiento. En consecuencia, resultaría inexacto aseverar que los seis implicados recibieron una sentencia condenatoria.
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¿Se pactó un acuerdo de pago con los acreedores?
En el desarrollo del procedimiento existieron mecanismos de garantía, reclamaciones y gestiones para recuperar recursos. Sin embargo, estos no equivalen a un acuerdo general de pago.
En 2016, los acreedores seguían lidiando con obstáculos para hacer valer sus derechos. La condición legal de los inmuebles, las demandas en curso y el procedimiento concursal obstaculizaban la enajenación de los bienes o su aprovechamiento para recuperar el capital invertido.
No se halló un acuerdo definitivo, registrado de manera pública, que solventara la totalidad de los pasivos del conglomerado.
Datos clave de R.G. Hotels
| Dato | Información |
| Empresa | R.G. Hotels, Inc. y Casa de Campo Farallón, S.A. |
| Sector económico | Turismo, hotelería y desarrollo inmobiliario |
| Año de quiebra | 2015 |
| Fecha de declaración | 21 de octubre de 2015 |
| Fecha retroactiva fijada | 31 de julio de 2012 |
| Tribunal | Juzgado Primero Civil de Coclé |
| Emisiones autorizadas | US$30 millones en bonos y valores comerciales |
| Compromisos reportados | Al menos US$65 millones en 2016 |
| Acreedores afectados | Bancos, inversionistas, proveedores y otros |
| Juicios | Procesos civiles, actuaciones ante la Corte Suprema y una investigación penal relacionada |
| Condenas penales | No verificadas en las fuentes consultadas |
| Acuerdo definitivo | No se identificó uno que resolviera todas las obligaciones |
La quiebra de R.G. Hotels dejó al descubierto los peligros inherentes al financiamiento de iniciativas turísticas e inmobiliarias a través de créditos bancarios y emisiones bursátiles.
La resolución de fijar una fecha de bancarrota con carácter retroactivo generó disputas en torno a las garantías y las prerrogativas de los acreedores. Asimismo, este asunto evidenció que las consecuencias de una situación de insolvencia alcanzan mucho más allá del ámbito de los accionistas, impactando de igual modo a inversores, adquirientes de viviendas y suministradores.
R.G. Hotels constituye un ejemplo de la complejidad que puede alcanzar una quiebra cuando participan numerosas sociedades, bienes inmobiliarios, fideicomisos e instrumentos financieros.


