Donald Trump está cogiendo práctica en las comparecencias ante un juez. Este jueves ha vuelto por tercera ocasión en cuatro meses a los juzgados y, sin recurrir esta vez a un abogado que lo hiciera por él, se ha declarado de viva voz y en pie “no culpable” en la causa más delicada de las tres que tiene pendientes por el momento —intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020— y en el lugar más simbólico posible: en el tribunal federal de Washington. En plena vista del Capitolio donde la democracia estadounidense vivió su hora más negra el 6 de enero de 2021: el asalto de una horda de partidarios del expresidente convencidos, tras meses de bulos proferidos por el jefe de Estado y sus allegados, de que el verdadero ganador de aquellos comicios había sido el republicano.
El expresidente se presentó ante la jueza Moxila Upadyaha para confirmar datos como su nombre y su edad (77 años) y, con el mohín que forma parte de su imagen de marca, escuchó de brazos cruzados la lectura de los cuatro cargos de los que le acusa el fiscal especial Jack Smith: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, obstrucción de un procedimiento legal, manipulación de testigos y conspiración para violar derechos civiles.
Ella le recordó que los cargos pueden acarrearle hasta 50 años de cárcel. Cuando la jueza le pidió que se pronunciara sobre los cargos, se puso en pie y, sin recurrir al micrófono, simplemente proyectando su voz en una sala donde el silencio se cortaba con un cuchillo, replicó “Not guilty” (“No culpable”). A pocos metros de distancia, Smith le miraba impasible.
El antiguo mandatario y actual candidato a regresar a la Casa Blanca emprendió camino al aeropuerto de inmediato tras dar el visto bueno a sus condiciones de fianza y terminar la vista. La magistrada ha dado al Gobierno estadounidense siete días para entregar un informe sobre la posible duración del juicio.
El primer interesado en retrasar su serie de juicios hasta después de las elecciones de 2024 es el propio Trump, para el que cada citación, cada comparecencia ante un juez, representa un nuevo impulso en las encuestas sobre la carrera hacia la Casa Blanca. El expresidente ha optado por una estrategia en la que se presenta como una víctima de un sistema judicial politizado, en el que los poderes fácticos se alinean contra él para impedir el regreso del líder populista. Su idea es, básicamente, conseguir que los votos del público enmienden la plana a los fiscales y jueces. El expresidente ha insinuado que, de ganar las elecciones en 2024, proclamaría un autoindulto que pondría fin a todas sus causas pendientes.
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Desde el aeropuerto, inmediatamente antes de despegar, insistía en describirse como víctima: “hoy es un día muy triste para Estados Unidos… se supone que algo como lo de hoy no tendría que haber ocurrido nunca”, aseguraba. “Es una persecución contra la persona que está liderando la carrera republicana”, incidía.
Su táctica le está dando resultado, al menos de momento. Los sondeos arrojan un empate técnico entre él y el presidente, el demócrata Joe Biden. Y le colocan a una distancia sideral, de más de 30 puntos porcentuales, sobre su inmediato rival republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Incluso sus alegatos falsos de que hubo tongo en las elecciones de 2020 gozan ahora de mayor credibilidad entre los votantes republicanos: seis puntos porcentuales más que en enero consideran cierto que hubo fraude.
La próxima audiencia tendrá lugar, según fijó la magistrada, el 28 de agosto. El caso pasa ahora a manos de otra jueza, Tanya Chutkan, que se ha caracterizado con anterioridad por su dureza en otros casos relacionados con la asonada del 6 de enero de 2021 y el gran bulo electoral.
La declaración de inocencia no llegaba de sorpresa. Trump niega categóricamente haber cometido cualquier tipo de falta, en este caso y en los dos que también tiene en marcha: en Nueva York, donde está acusado de falsificación contable en relación con el pago a una actriz porno para comprar su silencio sobre una supuesta relación sexual, y en Miami, donde Smith le responsabiliza de delitos contra la ley de espionaje por conservar en su poder de manera ilícita material clasificado tras su marcha de la Casa Blanca.
Detención formal y toma de huellas
El expresidente había partido de su club privado de golf en Bedmister, en Nueva York, apenas un par de horas antes, para viajar a Washington en su avión privado. Estaba citado para las 16.00 horas (22.00 hora peninsular española). Pero llegó pronto al tribunal en una caravana de vehículos, como ha ocurrido en sus citaciones previas, y se dirigió de inmediato a un procedimiento que comienza a conocer bien: su detención formal y toma de huellas digitales, el paso previo a la audiencia preliminar presidida por Upadyaha en el segundo piso del juzgado.
Al presentar su pliego de cargos el martes, el fiscal especial Smith había indicado que buscaría un juicio rápido, una promesa que también ha formulado en el caso de los papeles clasificados. Pero no está claro que pueda conseguirlo en un caso sin precedentes: nunca hasta ahora se había sentado un expresidente estadounidense en el banquillo de los acusados. Es un caso que afecta a los valores más básicos del sistema político estadounidense, la democracia y el Estado de derecho. Y que le obliga a hacer examen de conciencia: ¿cómo fue posible que se llegara a aquel acto aciago, aquel asalto al Capitolio? ¿Y cómo fue posible que un jefe de Estado denunciara —y siga denunciando tras su marcha— un fraude inexistente en unas elecciones sin que el bulo se cortase de raíz?
“Lo que queremos es un juicio justo, no simplemente un juicio rápido”, declaraba este jueves uno de los abogados de Trump, John Lauro, en una entrevista concedida a la radio pública NPR. “No hay ninguna necesidad de meter prisa a un acusado en Estados Unidos. Y esperamos que el Departamento de Justicia reconozca que la justicia es más importante que la velocidad”.
Lauro ha apuntado que serán necesarios meses de preparación para el juicio de una causa que ha necesitado casi tres años de investigación, ante las preguntas acerca de si el proceso podría verse antes de las elecciones de noviembre del año próximo. “Vamos a litigar un caso de magnitud sin precedentes. He participado en muchos casos durante muchos años, más de 40 en ejercicio, y este va a ser uno de los mayores en la historia de Estados Unidos”, sostenía. La idea de un proceso rápido es “absurda”, ha descartado.
Washington es territorio comanche para Trump. En 2020, un 92% de los votantes de la ciudad apoyaron a Biden; solo un 4% se inclinó por el republicano. El desagrado que siente la ciudad por él, evidente a lo largo de los cuatro años del magnate en la Casa Blanca, volvía a quedar de manifiesto este jueves.
Durante la noche, la policía había tendido vallas y barreras para bloquear el tráfico en torno a la sede del juzgado. Un gran número de vehículos y agentes del Servicio Secreto —el cuerpo encargado de la protección de los presidentes—, y la policía local patrullaba el área en anticipación de disturbios. Pero frente a la sede del juzgado, las únicas hordas que podían avistarse en esta ocasión eran las de las docenas de periodistas agolpados desde primera hora de la mañana. Los partidarios del expresidente que habían acudido a darle su apoyo en las citaciones previas en Nueva York y Miami brillaban esta vez por su casi completa ausencia. En una esquina, un hombre con la gorra roja trumpista daba las gracias al fiscal Jack Smith por “publicidad gratuita”; en otra, un grupo de afroamericanos agitaba carteles en defensa del expresidente.
Eran más numerosos los manifestantes que reclamaban el encarcelamiento del aspirante republicano: en un lateral, una figura de un Trump bebé gigante lloroso ante la perspectiva de la prisión. Ante la entrada principal, Dominic Santana repetía la aparición que ya protagonizó en Miami y, vestido de presidiario, ostentaba una gran fotografía del acusado, sin pelo y con el uniforme naranja de los convictos, para exigir “que lo encierren”. Más allá, un grupo coreaba que “nadie está por encima de la ley”.
Washington, terreno hostil
El desamor entre Washington y Trump es mutuo. El expresidente y su equipo legal consideran que la capital estadounidense es terreno hostil, por lo que creen que sus posibilidades de un juicio justo se reducen, y han propuesto por contra que el caso se lleve a Virginia Occidental, un Estado cercano y donde el expresidente se apuntó dos tercios del total de los votos en las elecciones de hace tres años. “Injusto lugar, injusta jueza”, ha apuntado el magnate en su red social, Truth.
Antes de llegar al juicio en sí, es probable que se celebren varios juicios previos para dirimir cuestiones de procedimiento. Desde el tipo de pruebas que puedan ser admisibles, a los testigos que se vayan a convocar, entre otras cuestiones. El juicio en sí también será prolongado: se espera que comparezcan numerosos testigos, entre ellos el exvicepresidente Mike Pence —cuyo testimonio es una de las bases del pliego de cargos— y posiblemente al menos algunas de las seis personas que figuran en la imputación, sin nombre, como compañeras de conspiración de Trump.
El juicio puede acabar suscitando un importante debate sobre la primera enmienda de la Constitución de EE UU, que defiende la libertad de expresión. El fiscal especial Smith basa sus alegatos contra Trump en buena parte en las propias declaraciones del expresidente, que en público aseguró que él era el verdadero ganador de las elecciones. Los abogados del republicano consideran que se trata de la opinión del entonces mandatario, protegida por la enmienda. La clave puede estar en demostrar que el magnate sabía que había sido derrotado y mentía con la esperanza de revertir el resultado y continuar en el poder.
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