El nivel de seguridad social en España alcanzó un total de 521.891 en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento del 9,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Este es un récord histórico desde que comenzó la racha en 2013. Sin embargo, este aumento se debe a las preocupaciones y quejas de los empresarios y sindicatos, que están a la espera de una propuesta del Viceprimer Ministro y del Viceprimer Ministro. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El Comité Europeo de Derechos Sociales emitió recientemente una resolución diciendo que los actuales planes de indemnización por despido, que ofrecen un máximo de 24 meses de salario tras el despido, no están en consonancia con la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no proporciona una compensación adecuada a los trabajadores ni un elemento disuasorio suficiente para las empresas frente a despidos injustificados.
El PSOE y Sumar han acordado revisar los despidos para adaptarlos a la legislación europea. Sin embargo, la medida ha provocado una ruptura entre los ministros, como hay que reconocer las críticas del Comité. La opción propuesta es eliminar el límite de compensación de 24 meses e introducir una compensación adicional dependiendo de las circunstancias del trabajador lesionado.
Los sindicatos, especialmente la UGT, han llevado la cuestión a Europa, argumentando que las reformas laborales han provocado un aumento significativo de las bajas laborales injustificadas. El primero de 2021 Los despidos aumentaron un 97 por ciento en la primera mitad del año, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar una compensación justa, dejando a los trabajadores desprotegidos.
Aunque algunos trabajadores se ven obligados a iniciar procedimientos disciplinarios sin derecho a indemnización, muchos de estos casos terminan en conciliación o litigio. Esto significa un bono de compensación de 33 días que cuesta caro a las empresas. De hecho, muchos prefieren justificar su despido con razones objetivas y más fáciles de argumentar en la práctica.
Las estadísticas de la Caja de Seguro Social confirman esta tendencia: el 54,9% de los retiros se clasifican como disciplinarios individuales, y sólo el 41,85% se deben a razones objetivas, como económicas o técnicas. Es importante señalar que estas cifras se basan en la justificación proporcionada en el momento del despido y no en revisiones posteriores.
A pesar de la aparente mejora en el número de afiliados, los datos sobre despidos y gastos también muestran un aumento en las bajas por enfermedad. Este escenario se acentuó tras la reforma laboral, que provocó un aumento de los despidos, especialmente entre trabajadores recién contratados o de menor antigüedad.
El debate sobre la regulación de los despidos sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de estas disposiciones provoque inseguridad jurídica durante las negociaciones. Se está considerando mantener el límite actual, pero ofreciendo a los jueces más herramientas para determinar mayores compensaciones en casos de despido improcedente.
También es más probable que el PSOE y Sumar se centren en acuerdos que aborden la reducción de la jornada laboral antes de iniciar un debate sobre la indemnización por despido. La situación actual revela un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad económica de las empresas.
