en 2024 Panamá ha registrado una disminución de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera con Colombia. Según el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Jorge Gobea, casi 9.000 personas han cruzado ilegalmente este año. Durante una conferencia de prensa, Gobea explicó esta disminución a las nuevas medidas implementadas en las zonas fronterizas, tanto terrestres como marítimas. en las regiones de Darién y Guna Yala.
Según datos oficiales del Senafront, para 2024 Más de 212.000 inmigrantes entraron ilegalmente a Panamá. Sólo en julio, más de 11.000 personas cruzaron la frontera ilegalmente. Sin embargo, Gobea no citó una fuente sobre la cifra exacta que respalde la diferencia de 9.000 inmigrantes que mencionó en su comunicado. Una revisión de datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá muestra que para 2023 en julio Unas 252.000 personas entraron ilegalmente al país, lo que está en consonancia con la disminución anunciada.
La reducción de los flujos migratorios ilegales coincide con las medidas adoptadas por el gobierno panameño desde principios de julio bajo la presidencia de José Raúl Mulino. Una de las acciones más destacadas fue la instalación de alambre de púas en al menos cinco puntos de la frontera con Colombia. El objetivo de la medida no es frenar el movimiento de personas, sino encaminarlas hacia el corredor humanitario que cruza la peligrosa selva del Darién, una de las rutas más utilizadas por los migrantes en su camino hacia el norte.
Senafront argumentó que las medidas apuntan a proteger a los migrantes de los peligros asociados con los cruces ilegales, como desastres naturales, delincuencia y redes de trata de personas. Gobea ilustró este riesgo contando un caso reciente en el sector de La Bonga. Según explicó, un grupo de traficantes de personas abandonó a varios migrantes cerca de Puerto Obaldija, dejando a una familia en condiciones críticas en plena selva. Un miembro del grupo, que padecía una enfermedad, murió sin recibir ayuda. Los soldados del Senafront pudieron ayudar al miembro restante de la familia, pero el incidente pone de relieve los peligros de estas rutas secretas.
Además de las medidas para garantizar la seguridad de los migrantes, el Senafront implementó controles más estrictos en los puntos de entrada fronterizos. Héctor De Sedas, director de operaciones del Senafront, señaló que los exámenes biométricos han permitido identificar a personas involucradas en actividades delictivas. En lo que va del año, se han alertado sobre tres individuos vinculados a bandas criminales como las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, así como un colombiano presuntamente desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, no se revelan los nombres ni los detalles de las acciones tomadas contra estas personas.
La situación migratoria en Panamá es parte de un fenómeno más amplio que afecta a toda la región. Miles de personas, en su mayoría procedentes de países de América Latina y el Caribe, cruzan cada año territorio panameño en un intento de llegar a Estados Unidos. La Selva del Darién, una de las rutas más utilizadas, es también una de las más peligrosas debido a las condiciones extremas del terreno, la vida silvestre y las bandas criminales que operan en la zona.
El gobierno panameño buscó equilibrar la necesidad de gestionar estos flujos migratorios con la responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas en tránsito. La construcción de corredores humanitarios y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza son parte de una estrategia más amplia que incluye la cooperación internacional.
Uno de los pasos más relevantes en este sentido fue el acuerdo bilateral firmado en julio por Panamá y Estados Unidos para combatir la migración ilegal en la región del Darién. Este acuerdo establece mecanismos de cooperación entre ambos países para abordar las causas estructurales de la migración y garantizar el tránsito seguro de quienes cruzan esta zona. Aunque no se han anunciado todos los detalles de este pacto, su implementación será crucial para reducir los riesgos relacionados con la migración en la región.
A pesar de los esfuerzos, los desafíos siguen siendo formidables. Las autoridades panameñas enfrentan una difícil tarea en la gestión del fenómeno de la migración, que no sólo tiene aspectos humanitarios sino también de seguridad. Casos como el de los migrantes abandonados en Puerto Obaldía muestran la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta integral que incluya la cooperación mutua, el fortalecimiento de las instituciones locales y la atención a las necesidades inmediatas de los migrantes.
Por otro lado, los controles biométricos y las alertas generadas por Senafront muestran cómo la tecnología puede ser una herramienta eficaz para identificar posibles amenazas a la seguridad. Pero también plantean dudas sobre la transparencia y el manejo de la información recopilada, especialmente cuando los derechos de los migrantes pueden estar en riesgo.
El impacto de estas medidas y acuerdos aún no se ha evaluado plenamente. La disminución de 9.000 inmigrantes de este año es una cifra significativa, pero no necesariamente representa una solución final al problema migratorio. Las causas fundamentales que obligan a las personas a elegir estos caminos peligrosos, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen, requieren un enfoque más amplio y coordinado a nivel regional.
En este contexto, el papel de Panamá como país de tránsito sigue siendo muy importante. Los esfuerzos continuos para gestionar la migración ilegal requerirán que el Gobierno de Panamá equilibre sus responsabilidades nacionales con su compromiso internacional de proteger los derechos humanos y garantizar el bienestar de los migrantes. La situación en la frontera con Colombia no es sólo un desafío para Panamá, sino también un recordatorio de la urgente necesidad de encontrar soluciones sostenibles a la crisis migratoria en toda la región.
